Elecciones: costo popular

Son innumerables las implicancias que tiene el advenimiento de un proceso electoral, y este en particular, ya que está en disputa el sillón presidencial.
Voy a destacar dentro de esas implicancias, las económicas y sociales.
En primer lugar, todo aquel candidato que se precie como tal, debe tener conformada una estructura de relaciones y poder de considerable magnitud como para intentar pertenecer al grupo de los “tres con más chances”, para que la prensa lo tenga en cuenta y llegar a una cantidad mayor de potenciales electores. Debe tener, además, un detallado estudio de los sectores sociales y económicos del país como para poder actuar en consecuencia y no morir en el intento; es cierto, no se puede quedar bien con Dios y con el Diablo, pero ellos se las ingenian para hacerlo.
Teniendo en cuenta esto, analicemos un caso concreto: el comportamiento del actual Gobierno, que tiene como candidata a Cristina Fernández de K.
Le guste o no le guste, la recuperación de la actividad económica luego de la crisis de 2001/02, fue producto, principalmente, de las leyes económicas y no de la correcta o incorrecta intervención del Estado.
El proceso devaluatorio trae consigo en un primer momento altos costos asociados a los profundos cambios estructurales y de comportamiento de los agentes (para los economistas, la balanza en forma “J”). Luego, moderada intervención mediante, las variables micro y macroeconómicas comienzan a ajustase.
En los años subsiguientes, la mera razón nos diría, que ante la inminencia de una recuperación, fundamentalmente en ciertos sectores ligados a la exportación, y luego, mediante la vinculación y la interdependencia en las cadenas de producción, la economía argentina comenzaría a moverse. Como consecuencia de ello, la función principal del Gobierno, debería haber sido preparar el terreno (planificar) para que la población en su conjunto pueda verse beneficiada de tal recuperación.
El tiempo pasó; el dólar alto hace que seamos competitivos en el mundo, los precios internacionales para nuestros principales productos son favorables, y con ello, el superávit fiscal y comercial se incrementó llegando a valores record, y por ende, la recaudación del Estado, los salarios de los trabajadores “en blanco” se incrementaron por decreto (¿y los del resto?), pagamos la deuda con el FMI (pero emitimos más deuda para que nos la compre Chávez), en fin, parece que las cosas han marchado bien.
Pero lamento decepcionarlos. Como dice el dicho, “la mentira tiene patas cortas”. Pasaron tan sólo cuatro años, y hace ya algún tiempo que los síntomas del “cortoplacismo” se vienen sintiendo.
Los precios de los bienes básicos, como alimentos, vestimenta, educación y salud privada, alquileres de inmuebles, etc. etc., es decir, los que alcanzan al común de la gente, están en valores tan altos que hacen que cualquier tipo de incremento salarial deje tener efecto sobre el poder de compra, y además, dato tan importante como este, que deja latente la llamada “espiral salario-precio” y las posibles repercusiones sobre las expectativas inflacionarias.
Otra cuestión pasa por la paulatina reducción del superávit fiscal del Gobierno, otra de las claves que comienza a agotarse, debido principalmente a dos cuestiones: los gastos electorales (patético clientelismo y asistencialismo político) comienzan a aumentar de manera considerable, y el volumen de las importaciones, a causa de la falta de planificación de la crisis energética, siguen por el mismo camino de incremento.
Como consecuencia de ello, las prioridades para ir logrando una correcta redistribución de ingresos, es decir, de manera genuina y profunda, que tenga como finalidad al menos disminuir las diferencias estructurales de la sociedad, comienzan a esfumarse, junto con los recursos económicos, y otra vez nos encuentra una situación en donde los problemas de la educación, la salud pública y el trabajo, no encuentran una solución efectiva.
La desgracia de nuestros políticos (no de la política en sí), es que crean una lamentable dependencia a las clases sociales más bajas. En épocas electorales el silencio y el voto se compran nada más que con una bolsa de alimentos y muchas promesas vanas.
En resumen, la sociedad en general, la “gente común”, es la que está pagando los costos de la actual política económica, y lo relativamente justo sería algo de genuina redistribución y oportunidad de pertenecer al selecto grupo de beneficiarios, aunque en cierta medida, por supuesto, no tengo nada en contra de ellos, sino que considero que el Gobierno, en este caso, es el principal responsable.

Turbulencias

En uno de los primeros artículos que escribí para el blog, hace ya algo más de tres meses, intenté destacar el hecho de que la economía nacional se encontraba transitando un presente próspero en materia comercial y financiera; las cuentas nacionales en orden, un grado de apertura económica importante, con excelentes precios internacionales para nuestros productos primarios, algunos indicadores sociales mejorando de manera paulatina, en fin, se estaban dando todas las condiciones para que de una buena vez, y mediante la correcta intervención de Estado en algunas cuestiones económicas, dejemos de ser un país “bananero” y comencemos a pensar y actuar como lo hacen muchos de los países desarrollados.
Pero por otro lado, también advertí, que había una serie de cuestiones que eran sumamente necesarias y que debían tenerse en cuenta a la hora de construir un país pensando en el futuro, y más aún, a sabiendas que la economía global también fluctúa, que hay períodos buenos pero que en algún momento dejan de serlo parcial o totalmente.
Me refiero de manera particular a la captación de inversiones nacionales y extranjeras para consolidar esta etapa de crecimiento y permitir, mediante políticas de redistribución, que ciertos sectores de la sociedad relegados desde hace mucho tiempo, tengan también su oportunidad de participar de la bonanza imperante en este mundo tan relacionado.
Amén de ello, las empresas mismas necesitan inversiones para hacer frente a sus limitaciones de capacidad instalada, a la demanda interna y externa creciente, y por otro lado, el Estado mismo necesita invertir productivamente para generar consecuencias positivas sobre la economía.
Personalmente considero que, además de la influencia negativa (pero a la vez muy positiva) de tener a Brasil en la región, una economía varias veces superior a la nuestra, el grueso de las inversiones internacionales se nos ha escapado debido a las repetidas intolerancias de nuestro Gobierno.
En estos días, la economía mundial en general, y los mercados financieros en particular, han experimentado otro gran susto que era de prever. El problema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos no es de ahora sino que tiene toda una historia por detrás.
Como también era de esperar, el mercado financiero y los bonos argentinos, lo sufrieron.
Las consecuencias inmediatas: por suerte, muy pocas. El BCRA tiene un volumen de reservas internacionales más que considerable como para corregir eventuales desequilibrios temporales.
Pero bien, no debe olvidase que casi la mitad de las reservas están comprometidas de aquí a fin de año en pagos de deuda pública emitida (bonos lanzados al mercado en búsqueda de dólares, para sostener su precio) y sus intereses (véase informe publicado por el Banco Santander Río), algo así como 20.000 millones de dólares en total, cifra para nada despreciable.
Ahora bien, ¿por qué son los bonos argentinos los más perjudicados cuando se da este tipo de problemas internacionales? La respuesta debe encontrarse pura y exclusivamente en el interior del país. Es año de elecciones, y como todo proceso de tal magnitud, genera incertidumbre; la alianza con el Presidente venezolano, Hugo Chávez, genera desconfianza, como he mencionado en algún artículo aquí publicado; el discurso prepotente de nuestro Presidente genera reacciones contrapuestas en los inversores; recuerden, además, que hay un grupo de bonistas que no aceptó la propuesta argentina de reestructuración de deuda, pero que aún no hemos solucionado su situación y aunque sean una gran minoría, son U$S 20 millones que el Gobierno aún no ha saldado y no creo que tenga en vista saldar; la crisis energética y los casos concretos de corrupción que salpican a este Gobierno; la manipulación oficial de los datos económicos y sociales publicados por el INDEC, etc. etc.
Las posibles futuras consecuencias: si las distorsiones en la economía “virtual” comienzan a afectar a la economía “real”, como parece que en algunos casos ya se está dando, como la baja en las cotizaciones de la soja, una de nuestras fuentes principales de ingresos por exportaciones, el gasto público, como consecuencia del año electoral, continúa aumentando en mayor proporción que los ingresos públicos y el inminente avance de la inflación, variable para la cual el Gobierno no ha encontrado una medida efectiva de prevención ni solución, pueden complicar el panorama económico, social y político de nuestro país.
Considero totalmente que aún estamos a tiempo de cambiar esta posible situación negativa y llevarla hacia donde realmente deseamos, que es en pos de un país mejor para todos, porque si las cosas comienzan tan pronto a desmejorarse y no tenemos herramientas efectivas para enfrentarlas, los 45.000 millones de dólares en reservas no tienen ningún justificativo, ya que el país se habrá perdido, una vez más, de sostener su crecimiento en el tiempo y generar condiciones algo más dignas para el conjunto de la sociedad, y será recordada como otra etapa en donde los únicos beneficiados fueron los mismos de siempre.

Ventajas comparativas y competitivas

La Argentina desde hace ya algunos años viene experimentando un proceso de crecimiento económico producto de su apertura comercial y políticas tendientes a favorecer sus exportaciones, sobre todo de productos primarios, manufacturas de origen industrial (MOI) y agropecuario (MOA). Pero ese crecimiento aún no ha podido traducirse en desarrollo, es decir, en una mejoría “real”, a través de la combinación del efecto derrame y políticas públicas redistributivas, de muchos de los indicadores sociales. Digo “real” porque si observamos los datos, por ejemplo, sobre pobreza e indigencia y los comparamos con los del inicio de la aguda crisis de finales de 2001, estos son más satisfactorios; pero debe tenerse en cuenta, además, las condiciones en los puestos de trabajo, el acceso y la calidad educativa, de salud, y, claramente, la inflación, que hace que el aumento nominal de salarios deje de tener sentido ya que reduce el poder de compra de bienes y servicios.
Esto viene a colación de que para revertir esta situación de exceso de demanda, tanto interna como externa, y a la misma vez, cierta escasez relativa por el lado de la oferta, ya sea de productos industriales y agropecuarios, es necesario y suficiente generar condiciones favorables para lograr crecientes niveles de inversión, tanto local como extranjera directa. Para ello, es sumamente importante la estabilidad en las “reglas del juego”, es decir, garantizar no solo buenas rentabilidades sino también seguridad jurídica para aquellos que estén dispuestos a invertir en el país.
Nuestro país posee grandes “ventajas comparativas” en materia agropecuaria, es decir, buena calidad en sus suelos, aguas y clima apropiado para el desarrollo de la ganadería y agricultura, como así también de la minería, y que ha venido explotando desde hace varios siglos.
Ahora bien, tan importante como las “comparativas” también lo son las “ventajas competitivas”. Existe una clasificación internacional tácitamente aceptada sobre cuales son los factores más decisivos en las ventajas competitivas de una región con futuro:

1) Disponibilidad de mano de obra altamente calificada.
2) Precio / Performance de la mano de obra altamente calificada.
3) Seguridad jurídica
4) Impuestos reducidos para empresas.
5) Disponibilidad y precio de mano de obra calificada.
6) Infraestructura.
7) Calidad de vida.
………….

25) Disponibilidad y precio de mano de obra no calificada.

Estos son solo algunos de los más importantes, pero todos ellos están relacionados o hacen particular hincapié al grado de desarrollo no sólo económico de los países sino también al grado de educación, calificación, conocimiento y manejo de tecnologías, como así también a la seguridad jurídica y calidad de vida.
Esto nos permite reflexionar acerca de la importancia de desarrollar un sistema educativo de excelencia en todos sus eslabones y un mercado laboral que fomente el acceso de los trabajadores a las tecnologías más complejas.
Es tarea del Estado garantizar todo esto, además de perfeccionar la infraestructura existente y otorgar seguridad a los inversores.
Los momentos de auge económico y político deben ser aprovechados para tejer y mejorar las relaciones con los inversores de todo el mundo, demostrándoles que somos un país serio en el cual podrán desarrollar todo su potencial, ya que la conveniencia es mutua, y no para insultarlos y ahuyentarlos.
Mientras que este Gobierno no modifique su intolerancia y soberbia, esas condiciones favorables que se necesitan para avanzar en pos del bienestar general de la población, tardarán mucho tiempo en llegar y hasta quizás no lleguen nunca.