¿Cuáles son las posibles consecuencias del cambio en el Ministerio de Economía y Producción de la Nación? Desde mi punto de vista, muy pocas.
El conductor de la política económica nacional seguirá siendo el Presidente, y es por ello que ha designado a una persona no solo de su confianza sino además de una visión similar en cuanto al funcionamiento de este modelo económico “productivista”, con sus todavía grandes debilidades y deudas sociales, pero “productivista” al fin.
Uno de los temas quizás más preocupantes y que debería revisar prontamente el nuevo ministro, Miguel Peirano, es el índice de precios que determina la inflación. Pero aquí la situación actual es más que delicada y compleja.
El INDEC, organismo debilitado moralmente en lo que respecta a este tema, por causa de manipulación política, sigue estando controlado por uno de los actores más perversos de este Gobierno, Guillermo Moreno.
En este sentido, cabe preguntarse hasta dónde intentará mejorar la credibilidad del índice de inflación el flamante Ministro de Economía. Por lo poco que se ha escuchado aún, Peirano cree que el índice es confiable y no introducirá ninguna modificación en la metodología para medirlo, al menos hasta después de las elecciones, ya que una modificación implica el reconocimiento de que las cosas no se están haciendo bien, y al Presidente eso no le place.
Las consecuencias son diversas y de todo tipo. En primer lugar, y sobre toda las cosas, es una falta de respeto hacia la población argentina que intenten hacernos creer que los precios de la economía no están aumentando de manera sustancial, solo basta con ir una vez por semana al supermercado. Ni hablar de otros servicios, que afectan más a la clase media y media alta, como la medicina prepaga y el arancel de los colegios privados.
En segundo lugar, hay diversos indicadores económicos y sociales que toman como referencia para determinados análisis y resultados, el índice de precios al consumidor. De ellos depende que una porción importante de personas se sitúe o no por debajo de la línea de la pobreza o indigencia. Esto constituye otra aberración del manipuleo político de los indicadores. El hecho de que no se haya podido publicar en tiempo y forma la última EPH por no disponer de datos confiables respecto del índice de inflación, es consistente con la tendencia “poco transparente” en muchos aspectos de la administración K.
Antes de continuar, quisiera hacer la aclaración de que en una economía en crecimiento y con el grado de apertura comercial y económica de Argentina, es un hecho normal la existencia de una inflación de entre el 12 y 14% anual, pero el Gobierno en su afán por pasar a la historia a cualquier precio, lo único que está logrando es despertar las siempre latentes expectativas inflacionarias, y con ello está haciendo que la inflación real sea más alta de la que debería ser, y por su puesto mucho mayor que la ficticia inflación oficial. Recuerden que “el que se olvida de la historia está condenado a repetirla”.
En tercer lugar, la falta de credibilidad genera, ni más ni menos, que desconfianza. El próximo mes de agosto, el Tesoro Nacional deberá desembolsar algo así como U$S 4.500 millones en concepto de, entre otros, pago de amortización e intereses de títulos públicos (si, de esos que utiliza para financiar el dólar a 3 pesos).
Una fuente allegada al Gobierno dijo que están tratando de agotar todas las posibilidades para conseguir ese dinero. ¿La plata está? Si, claro que está. ¿Dónde? En el Banco Central y/o en el mercado.
El BCRA no tiene ningún problema en prestarle esa suma de dinero al Gobierno (sino además, Martín Redrado, Presidente del Banco Central, se quedaría sin trabajo); la única restricción es legal, es decir, solo puede financiar al Gobierno hasta una determinada cantidad anual de dinero, que por el momento no ha llegado a su límite superior.
La otra posibilidad relativamente consistente es emitir nuevamente bonos y lanzarlos al mercado y de esa manera seguir pateando la deuda pública hacia el futuro, que vaya a saber quién se hará responsable, pero bueno, el pensamiento imperante es la “miopía”, así que eso “después se verá”.
Aquí se ensambla el tema de la falta de credibilidad en los indicadores del INDEC, ya que debido a la manipulación oficial, se acuerdan del año 2001/2002, el “riesgo país”, bueno, volvió a aumentar. De todos modos, no es para alarmarse, los valores de ahora no tienen comparación cercana con los de aquella época.
Lo que si es para preocuparse, que debido a esa suba del riesgo, el Gobierno si tiene que financiarse a través del mercado, deberá pagarle a sus acreedores una tasa de interés mayor. Lo cual nos permite una reflexión, y es que parece que si no hay voluntad y pruebas de mejora en la eficiencia y confiabilidad de los indicadores macroeconómicos, una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno, como es la emisión de bonos, parece estar dando señales de agotamiento, es decir, el mercado por el momento continuará aceptando, aunque el costo que debamos pagar sea considerablemente mayor, pero es como todo, si no hay garantías…
El conductor de la política económica nacional seguirá siendo el Presidente, y es por ello que ha designado a una persona no solo de su confianza sino además de una visión similar en cuanto al funcionamiento de este modelo económico “productivista”, con sus todavía grandes debilidades y deudas sociales, pero “productivista” al fin.
Uno de los temas quizás más preocupantes y que debería revisar prontamente el nuevo ministro, Miguel Peirano, es el índice de precios que determina la inflación. Pero aquí la situación actual es más que delicada y compleja.
El INDEC, organismo debilitado moralmente en lo que respecta a este tema, por causa de manipulación política, sigue estando controlado por uno de los actores más perversos de este Gobierno, Guillermo Moreno.
En este sentido, cabe preguntarse hasta dónde intentará mejorar la credibilidad del índice de inflación el flamante Ministro de Economía. Por lo poco que se ha escuchado aún, Peirano cree que el índice es confiable y no introducirá ninguna modificación en la metodología para medirlo, al menos hasta después de las elecciones, ya que una modificación implica el reconocimiento de que las cosas no se están haciendo bien, y al Presidente eso no le place.
Las consecuencias son diversas y de todo tipo. En primer lugar, y sobre toda las cosas, es una falta de respeto hacia la población argentina que intenten hacernos creer que los precios de la economía no están aumentando de manera sustancial, solo basta con ir una vez por semana al supermercado. Ni hablar de otros servicios, que afectan más a la clase media y media alta, como la medicina prepaga y el arancel de los colegios privados.
En segundo lugar, hay diversos indicadores económicos y sociales que toman como referencia para determinados análisis y resultados, el índice de precios al consumidor. De ellos depende que una porción importante de personas se sitúe o no por debajo de la línea de la pobreza o indigencia. Esto constituye otra aberración del manipuleo político de los indicadores. El hecho de que no se haya podido publicar en tiempo y forma la última EPH por no disponer de datos confiables respecto del índice de inflación, es consistente con la tendencia “poco transparente” en muchos aspectos de la administración K.
Antes de continuar, quisiera hacer la aclaración de que en una economía en crecimiento y con el grado de apertura comercial y económica de Argentina, es un hecho normal la existencia de una inflación de entre el 12 y 14% anual, pero el Gobierno en su afán por pasar a la historia a cualquier precio, lo único que está logrando es despertar las siempre latentes expectativas inflacionarias, y con ello está haciendo que la inflación real sea más alta de la que debería ser, y por su puesto mucho mayor que la ficticia inflación oficial. Recuerden que “el que se olvida de la historia está condenado a repetirla”.
En tercer lugar, la falta de credibilidad genera, ni más ni menos, que desconfianza. El próximo mes de agosto, el Tesoro Nacional deberá desembolsar algo así como U$S 4.500 millones en concepto de, entre otros, pago de amortización e intereses de títulos públicos (si, de esos que utiliza para financiar el dólar a 3 pesos).
Una fuente allegada al Gobierno dijo que están tratando de agotar todas las posibilidades para conseguir ese dinero. ¿La plata está? Si, claro que está. ¿Dónde? En el Banco Central y/o en el mercado.
El BCRA no tiene ningún problema en prestarle esa suma de dinero al Gobierno (sino además, Martín Redrado, Presidente del Banco Central, se quedaría sin trabajo); la única restricción es legal, es decir, solo puede financiar al Gobierno hasta una determinada cantidad anual de dinero, que por el momento no ha llegado a su límite superior.
La otra posibilidad relativamente consistente es emitir nuevamente bonos y lanzarlos al mercado y de esa manera seguir pateando la deuda pública hacia el futuro, que vaya a saber quién se hará responsable, pero bueno, el pensamiento imperante es la “miopía”, así que eso “después se verá”.
Aquí se ensambla el tema de la falta de credibilidad en los indicadores del INDEC, ya que debido a la manipulación oficial, se acuerdan del año 2001/2002, el “riesgo país”, bueno, volvió a aumentar. De todos modos, no es para alarmarse, los valores de ahora no tienen comparación cercana con los de aquella época.
Lo que si es para preocuparse, que debido a esa suba del riesgo, el Gobierno si tiene que financiarse a través del mercado, deberá pagarle a sus acreedores una tasa de interés mayor. Lo cual nos permite una reflexión, y es que parece que si no hay voluntad y pruebas de mejora en la eficiencia y confiabilidad de los indicadores macroeconómicos, una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno, como es la emisión de bonos, parece estar dando señales de agotamiento, es decir, el mercado por el momento continuará aceptando, aunque el costo que debamos pagar sea considerablemente mayor, pero es como todo, si no hay garantías…
