Déficit... de credibilidad

Esta semana, el Directorio del Banco Mundial aprobó dos créditos para la Argentina, de los cuales aún no hay muchos detalles; solo se conoce, de acuerdo a declaraciones oficiales, que los montos ascienden a U$S 400 millones para continuar (¿?) con el plan de obras viales nacionales, y U$S 260 millones para la Provincia de Buenos Aires, destinados a obras de infraestructura y mejoramiento urbano.
Por un lado, esto es una buena noticia ya que la situación de una buena parte de las rutas argentinas es precaria debido a la conjunción del desgaste por uso y paso del tiempo como por la falta de nuevas inversiones en mantenimiento de las mismas. Algo parecido sucede con la infraestructura de redes de agua, saneamiento y drenaje de la Provincia.
Por otro lado, esto llega en un momento en donde la “legalidad” de algunas obras públicas nacionales y provinciales, llámese caso Skanska, renegociación de contratos petroleros en Santa Cruz, la construcción del Gasoducto Patagónico, están siendo más que cuestionadas por diversos sectores y entes de control por falta de certezas en torno a cuestiones tales como el pago de sobornos a funcionarios, sobreprecios y falta de cumplimiento de contratos.
No obstante ello, debido a la facultad que tiene el Ejecutivo para derivar fondos a “gusto y piacere”, el Ministerio de Planificación Nacional, encabezado por Julio De Vido, ya ha recibido una impresionante cantidad de dinero adicional a su presupuesto anual, en teoría para inversiones en infraestructura, pero que por desgracia no se habla (ni se sabe, ni se ve) hacia donde están siendo orientadas.
En virtud de la democracia (que decimos) que queremos construir, es condición necesaria que este tipo de procesos sea extremadamente más transparente, no solo por el hecho de identificar claramente los actos de corrupción, sino además porque los fondos del Estado Nacional destinados a inversiones públicas proviene en gran parte de los impuestos que pagamos directamente todos los habitantes, y de manera indirecta soportando el enorme costo social que tiene el modelo económico actual.
Hablando de falta de claridad y respeto hacia la población, no debe dejar de mencionarse las intromisiones por parte del Gobierno en el INDEC, organismo que hasta este momento se lo podía cuestionar por algún tipo de metodología utilizada, pero que ahora sencillamente pasó a ser no creíble por donde se lo mire.
Y claro, como va a ser creíble, si para el Presidente la inflación del año pasado “estuvo debajo de los dos dígitos” y la de los primeros cinco meses de 2007 lleva un acumulado de 3,4%, mientras que para Doña Rosa (como dice mi hermano) y para las encuestadoras privadas, el aumento en la canasta básica no es inferior al 15%.
Otra falta grave de respeto, credibilidad y abuso de poder de este Gobierno se dio en las elecciones pasadas a Jefe de Gobierno porteño. El Sr. Presidente, prácticamente como jefe de campaña de Filmus, realizó todo tipo de acusaciones hacia su adversario, no solo que algunas no fueron ciertas, sino que también sacó a luz varias cuestiones no conocidas por el común de la gente, principalmente aquellas referidas a la tan cuestionada “década del noventa”; la de las privatizaciones (que él tanto apoyó por clara conveniencia).
Sería interesante que como sociedad empecemos a cuestionar y criticar este tipo de “democracia dictatorial” en la cual estamos sumidos, simplemente por el hecho de que somos nosotros mismos los únicos perjudicados.
Hay cuestiones con las cuales nuestros gobernantes no deberían jugar, ya que involucran a personas, a vidas humanas, y generalmente son ellos los que tienen la facultad de modificar las cosas, ya sea por acción u omisión, pero los grandes cambios vienen desde arriba, de las grandes decisiones, de las reuniones del poder.